La administración de Carlos Miguel Aysa González provocó una afectación al erario público por 7 millones 643 mil pesos al no regresar a la Tesorería de la Federación esa cantidad que originalmente estaba destinada al Fondo de Infraestructura Social para las entidades del 2020.  

Sumado a este información, la Auditoría Superior de la Federación reveló que el monto original era de 7 millones 862 mil pesos, de los cuales se recuperaron 218 mil, dejando un pendiente de 7 millones 643 0mil.  

La ASF agregó que el sistema de control interno del Gobierno del estado, incumplió las obligaciones de transparencia de estos recursos, ya que no existió congruencia entre lo reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los registros del cierre de ejercicio.